En un momento en que se habla de un balance bastante flojo para la COP24 en Katowice (Polonia), donde el Acuerdo de París se salvaguardó sin más, la brecha entre la capacidad de acción de los gobernadores y la aceleración del cambio climático es cada vez más evidente.
Después de Holanda (condenada en 2015) y Bélgica (en proceso de serlo), es el turno de Francia de ser denunciada por las ONG más activas en términos de cambio climático (Greenpeace, la Fundación para la Naturaleza y el Hombre (FNH), Oxfam y Notre Affaire à Tous). ¿De qué culpan a Francia en la denominada “Affaire du Siècle”? Del incumplimiento de sus compromisos internacionales para proteger el medio ambiente, pero también para proteger a las personas contra el cambio climático (promovido por la ONU).
Francia, ¿mal ejemplo al nivel climático?
Hoy, luchar contra el cambio climático se ha convertido en una obligación legal para los estados. Por lo menos, es lo que piensan las asociaciones que están detrás de la demanda. Su argumento se basa en tres frentes: las energías renovables, la reducción del consumo de energía y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En este último frente, Francia solo puede ostentar un fracaso dado que las emisiones de gases de efecto invernadero han vuelto a aumentar durante los dos últimos años. Lo mismo ocurre con el consumo de energía en el sector terciario, que se redujo solo un 2% entre 2012 y 2016, lejos de los 18% que debería alcanzar en 2023 [1].
Primer paso: un mensaje al presidente.
Para los demandantes, diciembre del 2018 será recordado como el inicio de una ofensiva legal que podría durar varios años. El primer paso es solicitar formalmente al Presidente y a los Ministros interesados que actúen concretamente en los frentes mencionados. En caso de respuesta insuficiente, el caso podrá ser llevado al tribunal administrativo por deficiencia administrativa. De hecho, según la Constitución francesa y textos internacionales como el Convenio Europeo de Derechos Humanos, el Estado francés tiene el deber de proteger la salud, el medio ambiente o la seguridad material de sus ciudadanos. A este respecto, solo hace falta recordar los compromisos concretos, como limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
Un precedente: Grande-Synthe
El 20 de noviembre de 2018, Damien Carême, el alcalde de Grande-Synthe (ciudad del norte de Francia) fue pionero en atacar las políticas ambientales del estado francés. De hecho, presentó una petición en nombre de su municipio para exigir que Francia redujera drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Hay que decir que su municipio costero, la primera capital francesa de la biodiversidad, está particularmente expuesta a la amenaza del aumento del nivel del mar. El abogado de la causa es la ex Ministra de la transición ecológica, Corinne Lepage.
Un hallazgo de fracaso
La fusión de los glaciares y el aumento del nivel del mar son signos de la impotencia de la acción política. Los defensores del planeta están en pie de guerra para denunciar un déficit de inversión (del orden de 10 a 30 mil millones de euros en el caso de Francia [2]. Es el precio de la desaceleración del cambio climático, pero no es solo una cuestión de cantidad de dinero involucrado.
De hecho, tal vez los estados se han fijado objetivos demasiado ambiciosos en comparación con sus posibilidades y su inercia interna, la de la gran industria y la de la sociedad en general que aún no está lista para hacer sacrificios en su bienestar.
